¿Qué significa eliminar el IMLS? Una pregunta estructural para la cultura en Estados Unidos

No es la primera vez que el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS, por sus siglas en inglés) aparece en el centro de una tormenta política. Pero la reciente orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump —bajo el nombre “Continuing the Reduction of the Federal Bureaucracy”— va más allá del gesto simbólico o la retórica anticentralista: se trata de una decisión que podría implicar la desaparición de una de las pocas agencias federales dedicadas exclusivamente a financiar instituciones culturales en todo el territorio estadounidense.

Para comprender la magnitud de esta medida, es necesario apartarse del vértigo de la coyuntura y observar con mirada estructural el ecosistema cultural norteamericano, un sistema complejo donde conviven, no sin tensiones, el mercado, el mecenazgo privado y el financiamiento estatal. A diferencia de otros países que sostienen grandes ministerios de cultura, el modelo estadounidense ha delegado históricamente buena parte de la política cultural a agencias especializadas como el IMLS, el National Endowment for the Arts (NEA) o el National Endowment for the Humanities (NEH), organismos cuya legitimidad descansa en su rol técnico y descentralizado, y que funcionan como distribuidores de recursos en múltiples niveles.

El IMLS representa, dentro de ese esquema, la columna vertebral de una red nacional de bibliotecas públicas y museos comunitarios. Aunque su presupuesto anual apenas alcanza el 0,0046% del gasto federal, sus subsidios impactan profundamente en zonas rurales, escuelas públicas y centros culturales locales, aquellos espacios que —lejos del foco mediático— son clave para el acceso a la educación, la memoria colectiva y el desarrollo de las industrias culturales en sus primeras etapas.

La decisión del Ejecutivo ha generado un inmediato rechazo por parte de las principales instituciones del sector. La American Library Association (ALA) advirtió que esta medida “pone en riesgo a una de las instituciones más confiables de los Estados Unidos”, mientras que la American Alliance of Museums (AAM) señaló que eliminar el IMLS “socava el papel educativo, económico y comunitario de los museos”. No son reacciones defensivas: son voces que conocen el impacto real de una decisión que, bajo el argumento de reducir el tamaño del Estado, puede vaciar de contenido a todo un ecosistema.

Pero tal vez la pregunta más relevante no sea qué lugar debe ocupar el Estado en la política cultural —un debate necesario pero habitual—, sino qué están dispuestas a hacer las instituciones culturales y la ciudadanía frente a su desmantelamiento. ¿Cuál es su fuerza real en la sociedad? ¿Van a mirar como espectadores cómo se desarticula la infraestructura pública que hizo posible durante décadas el acceso a la cultura? ¿O serán capaces de convertirse en actores políticos de su tiempo?

¿Tienen las bibliotecas, los museos, los centros culturales y educativos la capacidad de articularse, movilizarse, defender su legitimidad pública más allá del lobby? ¿Podrán transformar la indignación en estrategia, y la estrategia en acción colectiva?

Porque hablar del IMLS, al fin y al cabo, no es solo hablar de una agencia federal. Es hablar de la vitalidad de una sociedad. Lo que está en juego no es simplemente un presupuesto, sino la conciencia —o la indiferencia— con la que una nación defiende, o deja desaparecer, sus espacios simbólicos, sus derechos culturales y su relato común.